En el proceso de participación pública de “Altiplano Unido por el Agua” se acordó el cuestionamiento del trasvase Negratín-Almanzora, considerándolo uno de los elementos de amenaza para la gestión sostenible del agua en el territorio y en la cuenca.
El pasado 24 de junio el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada registró un escrito dirigido al Director General del Agua, Teodoro Estrela, con las alegaciones elaboradas sobre el Trasvase Negratín-Almanzora donde se ponen de manifiesto los incumplimientos e irregularidades que se están produciendo en la gestión del mismo, de cara a solicitar su anulación o suspensión. En especial se ha puesto el acento sobre las cuestiones relacionadas con la Comisión de Gestión Técnica de explotación del trasvase, los incumplimientos de la Evaluación de Impacto Ambiental y las irregularidades que se comenten en la planificación hidrológica que no considera la excepcionalidad de las transferencias de agua que marca la Ley. El objetivo principal de estas reclamaciones al ministerio radica en hacer visible al territorio y pedir justicia, amén de conseguir, al menos, la participación en la planificación y gestión de los programas de recuperación y compensación de los impactos ambientales y socioeconómicos generados por el trasvase.
Ya se vio durante el debate de las jornadas “Altiplano Unido por el Agua 2021: avances y retos para la gestión del agua en el territorio” celebradas el pasado mes de febrero por vía telemática, el sentir de la población y la necesidad de plantear las injusticias derivadas de la regulación, ejecución y explotación de la transferencia de agua entre el embalse del Negratín en la Cuenca del río Guadiana Menor y el embalse de Cuevas de Almanzora. Fruto de dicho debate, tanto la Junta directiva del GDR del Altiplano de Granada, como el Grupo Promotor del Contrato de Río del Alto Guadiana Menor -del que forman parte, además del GDR, algunos Ayuntamientos y Comunidades de Regantes y otras entidades como FAECA, AGAPRO o la Plataforma del Río Castril-, decidieron presentar ante la Administración Competente un documento con fundamento jurídico y técnico que sirviera para reivindicar justicia en el territorio y la participación en la elaboración y puesta en marcha de las medidas compensatorias pertinentes que permitan contribuir al adecuado desarrollo sostenible de las comarcas de Baza y Huéscar partiendo de un modelo de gestión integral y sostenible del agua.
De acuerdo con la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 se entiende por trasvase “la autorización concreta de volúmenes que se acuerde transferir cada año o en cada situación concreta” y por transferencia “la norma específica que autoriza el paso de recursos hídricos de un ámbito territorial de planificación hidrológica a otro distinto” (art.3).
En este sentido se ha profundizado en cuatro aspectos relacionados con la infraestructura y su actividad. En primer lugar se ha cuestionado la gestión actual del trasvase que se realiza a través de la Comisión de Gestión Técnica en la que nunca ha podido participar nadie que proceda de la cuenca del Guadiana Menor. En segundo lugar se han detallado los incumplimientos de la Evaluación de Impacto ambiental del proyecto con respecto a la puesta en marcha de un programa operativo para el desarrollo de la cuenca del Guadiana Menor. En tercer lugar se ha planteado la incongruencia legal de que la planificación hidrológica no considere el carácter extraordinario de los trasvases ni el principio de prioridad de la cuenca cedente. Para terminar se ha protestado por la vulneración, durante varios meses a lo largo de varios años, de los límites volumétricos marcados aprovechando la venta de derechos de agua obviando el obligado cumplimento de la garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca del Guadiana Menor.
Todo ello ha servido para argumentar que desde el territorio se quiera abrir un espacio de encuentro con el Ministerio de Transición Ecológica competente para que, en el marco de una gestión sostenible del agua, se exija justicia social, transparencia e información y un escrupuloso cumplimiento de la normativa de cara a la explotación del trasvase que considere su carácter excepcional y que no merme las garantías de uso y las necesidades presentes y futuras del Altiplano de Granada. Así mismo, se pretende establecer con dicho organismo una negociación en la que se permita a las Comarcas de Baza y Huéscar ser partícipes en las medidas compensatorias propuestas reclamando la implicación en la planificación y gestión de cualquier plan operativo que sea necesario para eliminar los impactos ambientales, sociales y económicos generados por el trasvase sobre el territorio.